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Rossi, pide que se cierre la causa por supuesto enriquecimiento ilícito.

El exvicegobernador y exintendente de Santa Elena,  Domingo Daniel Rossi, y su esposa, la exdiputada provincial Patricia Díaz, solicitaron nuevamente al juez de Garantías N°2 de Paraná, José Eduardo Ruhl, ser sobreseídos en la causa en la que están sospechados por presunto enriquecimiento ilícito.

En una audiencia celebrada este miércoles al mediodía, los abogados Marciano Martínez y Carlos Guillermo Reggiardo reiteraron los argumentos que dieron en una audiencia similar en septiembre del año pasado. Aquella vez, el magistrado rechazó el pedido de cerrar la causa y exigió a la Fiscalía que reitere oficios a la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip).

Ahora, los defensores apelaron a recientes manifestaciones del presidente del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Emilio Castrillón, quien instó a que el Poder Judicial resuelva las causas con celeridad.

El fiscal Álvaro Piérola, en tanto, pidió el rechazo del planteo y mostró documentos con lo que procuró demostrar que reiteró oficios a la Afip, a fin de que se recolecte, si lo hubiere, información sobre actividad bancaria de Rossi y Díaz en Uruguay. Tras escuchar a las partes, el juez anunció un cuarto intermedio hasta el miércoles 14, para resolver sobre los planteos.



La defensa invoca a Castrillón

Al comienzo de la audiencia, Reggiardo recordó que la causa caratulada “Díaz Patricia Teresa y otros/ Enriquecimiento Ilícito” se abrió a fines de 2016, luego de la publicación de un artículo periodístico de la revista “Análisis”. Dijo que días antes de la publicación, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le había corrido traslado al Estado Argentino para que dé precisiones sobre la condena por enriquecimiento ilícito que tuvo Rossi en 2006.

El artículo decía que la esposa del exvicegobernador tendría en el Scotia Bank de Montevideo, Uruguay, una cifra de u$s 1.160.000, como así también inversiones en bonos en Chile, Brasil, Estados Unidos, México y el Uruguay por 886.148 dólares.

El letrado dijo que Díaz y Rossi tienen una “vida austera” y que su patrimonio está acreditado en la causa. Aseveró además que la exdiputada  “tuvo una función importante para Santa Elena pero en la Cámara no tenía disposición de fondos como se le puede atribuir en la nota que se da origen a esta investigación”.

En esa dirección, aseguró que Rossi y Díaz “han tenido una vida pública y privada donde han generado ingresos que tranquilamente pueden servir para acreditar los efímeros bienes que están en la causa.  Se hicieron los oficios de rigor: la UIF (Unidad de Información Financiera)  contestó que no hay operaciones sospechosas; poseen automóviles chicos; viven en la misma casa hace 20 años; tienen una vida austera”.

Luego, como argumento a su exposición, leyó una frase del presidente del STJ, quien durante una entrevista radial a principios de febrero se manifestó a favor de que los casos judiciales se resuelvan con celeridad para “evitar tener a las personas  años y años en la parrilla”.

“Este proceso que se está llevando a cabo pone de manifiesto el cuestionado rol de la Procuración, no lo digo yo, lo dice el presidente del Superior Tribunal de Justicia. Al asumir dijo: ‘Así como una denuncia sin prueba se desecha rápidamente, del mismo modo se debería actuar con aquellas presentaciones por enriquecimiento ilícito, no puede ser que se tenga a las personas por años en la parrilla’”, señaló Reggiardo.

Además, el abogado cuestionó el rol que tienen los fiscales con el nuevo Código Procesal Penal: “Este Código termina siendo un proceso inquisitivo de los fiscales, donde son dueños de las personas hasta que deciden imputar, llamar a indagatoria y elevar  la causa a juicio”, afirmó.

“El único elemento probatorio es un artículo periodístico, que además no se corresponde con la realidad; es falso, miente o se ha equivocado. Es de estricta justicia cerrar la causa, donde no se puede dilatar con oficios reiteratorios a la Afip diciendo que puede aparecer algo más”, concluyó.

A su tiempo, el abogado Marciano Martínez dijo que muchas veces las causas duran años en concluirse porque “hay temor de resolver, de quedar mal con alguien que tiene poder, que puede ser una revista  o quien ejerza el poder acá en el Poder Judicial”.

Al igual que Reggiardo, el veterano letrado  criticó el nuevo sistema procesal: “Se ha dicho que el nuevo Código solucionaba los problemas, por la rapidez, y no es así. Todo esto es según el imputado”.

En ese marco, Martínez hizo un paralelismo entre el proceso durante la dictadura y el de la democracia, que luego fue rechazado por el fiscal Piérola. “Vivimos una etapa oprobiosa, y ahora con guantes blancos nos estamos comportando igual. Antes se negaban los habeas corpus, ahora se niegan los pedidos de terminación de juico”, dijo el letrado.

Antes de concluir, también trajo a colación la expresión de Castrillón sobre mantener por años causas abiertas. “Esto hasta ha llegado a oídos del presidente del Superior Tribunal de Justicia, un hombre que tiene calle, que ha sido político. Nos está diciendo a los abogados que actuemos en defensa de los derechos de la gente”, consideró Martínez.



Piérola pidió seguir investigando

El fiscal Álvaro Piérola rechazó la comparación del proceso judicial durante la dictadura y la actualidad que formuló Martínez. “No puedo tolerar que se haga una equiparación con aquel procedimiento de rechazo masivo de habeas corpus  con el rechazo de los fiscales de sobreseimiento que piden los defensores”, expresó.

Enseguida, el fiscal solicitó al juez Ruhl que rechace de plano la petición de sobreseimiento de la defensa, por cuanto la investigación aún no se ha concluido. Recordó que desde la audiencia de septiembre a esta parte, reiteró dos veces los oficios a la Afip, a fin de que a través de la División de Fiscalización Internacional,  gestione ante su par de Uruguay documentación referida a posibles movimientos bancarios de Díaz o Rossi.

Asimismo,  aclaró que el exintendente y la exlegisladora no están imputados, y que llegado el momento “si hay elementos los vamos a llamar a indagatoria y enseguida vamos a tratar de ir a juicio para que este conflicto se resuelva”.

El fiscal rechazó además que la defensa insista con la documentación del Scotia Bank en la que se indica que los investigados no tienen cuentas. “Parece una burda subestimación a la tarea fiscal. Estaría hasta en una omisión funcional si me quedara conforme con un oficio de un banco que traen los defensores”, alegó el acusador público.

Además, planteó que la Fiscalía quiere que la información llegue de “la autoridad competente de Uruguay, no solamente de un banco”.  Y agregó que la Afip respondió que aún no se ha podido cumplimentar con los oficios judiciales de cooperación internacional ya que no recibieron una respuesta del organismo competente del país vecino.

“El problema es que Uruguay no contesta, por eso no vamos a dictar un sobreseimiento”, sostuvo Piérola.  Antes de finalizar, aclaró que “no hay pereza de la fiscalía y animosidad” hacia Rossi y Díaz, y reiteró que el pedido de colaboración está vigente.

Finalmente, el juez Ruhl anunció que la resolución la dará a conocer el miércoles 14.

Autor: Gonzalo Núñez

Cuenca Oscar - Santa Elena Entre Ríos

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